Argentina
Condenan al INV y a una empresa a indemnizar por daños de vinos adulterados

El Instituto Nacional de Vitivinicultura citó a conferencia de prensa a cargo de su titular, el contador Guillermo García para aclarar que los controles han mejorado desde esa fecha hasta el presente. Luego de la repentina reunión de prensa, la sensación que quedó flotando en el aire, ha sido la de un grupo de funcionarios intentando justificar su propio fracaso en el marco de una veintena de expedientes por envenenamiento (dice el medio on line de Mendoza mdz. La crónica del Diario Los Andes de Mendoza a continuación).

A más de 17 años de que los vinos sanjuaninos Mansero y Soy Cuyano mataran a 26 personas y un centenar sufriera graves trastornos, incluyendo algunos casos de ceguera, la Cámara Federal de La Plata confirmó un fallo de primera instancia y condenó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y a la bodega Nietos de Gonzalo Torraga a pagar medio millón de pesos a los familiares de una de las víctimas.

En el fallo, recientemente conocido (sobre unas 25 demandas), hace referencia a la "relación directa del fallecimiento con la intoxicación metílica", adulteración que se realizó dentro del establecimiento, con sede en la localidad de Caucete, y el posterior fraccionamiento en damajuanas de 4.500 ml, de vino blanco y tinto de consumo masivo.

En la sentencia también se condena al INV, cuando se señala que fue creado con "el objeto de entender en la promoción y el contralor técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola".

Tras ello señala que para los jueces -Gregorio Julio Fleicher, Leopoldo Schiffrin y César Alvarez- ha quedado "demostrada la responsabilidad de la bodega Nietos de Gonzalo Torraga SA y del Instituto Nacional de Vitivinicultura, este último por no haber tomado las debidas medidas de atención, control, vigilancia y prevención a la que está obligado".

En el mismo fallo, la Cámara al momento de fijar la indemnización por "valor vida" no aplicó "fórmulas matemáticas", sino que tomó diversas variables que consideró "relevante" con relación a la víctima, como edad, condición económica y social, ingresos y expectativa de vida, entre otros.

Finalmente tras confirmar el fallo primario elevó el monto de la reparación correspondiente a cada uno de los herederos de la víctima, lo que hace un monto cercano a los 500 mil pesos a valores actuales.

La noticia tuvo un impacto nacional, cuando allá por el mes de febrero de 1993, se fueron multiplicando las denuncias por intoxicaciones seguidas de muerte de personas que habían consumido estos vinos, que se vendían en damajuana, con el nombre de Mansero y Soy Cuyano. La mayoría de los casos se registraron originalmente en la provincia de Buenos Aires, pero después se extendió a Corrientes, Entre Ríos y Misiones y motivó la intervención del Instituto Nacional de Vitivinicultura, organismo que prohibió su venta a la vez que sacó del mercado estos productos, que después de los análisis respectivos, se demostró que las damajuanas contenían altas concentraciones de alcohol metílico o metanol, con valores superiores a los tolerados y permitidos y con aptitud suficiente como para provocar esos acontecimientos nefastos.

El triste balance fue de 26 muertes y un centenar de personas afectadas y con graves trastornos, entre ellos algunos que perdieron la vista.

Tres años después, la Justicia Nacional Oral Penal en lo Criminal Federal de la Provincia de San Juan condenó a Mario Armando Torraga a 15 años de prisión y al enólogo Armando Ribes a 10 años, al ser considerados penalmente responsables de los delitos de adulteración de vinos, en concurso ideal con adulteración de sustancias alimenticias en forma peligrosa para la salud, seguida de muerte reiterada de diez o más casos.

Guillermo Sergio Torraga y el gerente del establecimiento, Horario Barbero, fueron condenados a 6 años, como partícipes secundarios en el mismo delito. En la causa también fue condenado a 2 años el capataz de la bodega, Pedro Tobarez, y tres empleados del INV. Por su parte, Carlos Alberto Blanco, señalado durante el debate como el distribuidor en el área metropolitana de los vinos sanjuaninos, logró eludir a la justicia durante varios años, pero finalmente fue detenido en la Capital Federal en el año 2002.

La bodega "Nietos de Gonzalo Torraga" fue clausurada por medio de un decreto de la Presidencia de la Nación y poco a poco terminó desmantelada. El casco y los galpones fueron rematados hace un par de años y la municipalidad de Caucete fue el comprador por unos 300 mil pesos, con la idea de trasladar allí el parque automotor y crear un sector productivo por medio de una "incubadora de empresas".

Los Torraga, padre e hijo, fueron beneficiados por la ley del 2x1 (que computa por dos la cantidad de años de prisión cuando las sentencias no están firmes) y recuperaron la libertad un par de años después de la condena.

30 de julio de 2010